La directiva de la infamia
Santos Juliá 13/07/2008
Dicho de la manera menos demagógica posible: el Parlamento Europeo ha aprobado, por resolución legislativa del 18 de junio, una directiva que establece la posibilidad de internar en centros penitenciarios por un plazo de seis meses, ampliable 12 meses más, a los nacionales de terceros países que sean objeto de procedimientos de retorno. Al establecer esta posibilidad, los parlamentarios europeos han tenido la delicadeza de aclarar que estos nacionales que sean internados en cárceles estarán separados de los presos ordinarios y gozarán de control judicial de su situación lo más rápidamente posible desde el comienzo de su internamiento. Han mostrado también una sensibilidad a flor de piel al disponer que los menores internados puedan participar en juegos y actividades recreativas adecuados a su edad.
Hay que restregarse los ojos para creer lo que se está leyendo, pero lo arriba transcrito es cita literal de parte de los artículos 15, plazo de internamiento de seis meses prorrogable por otros 12 meses más; 16, posibilidad de utilizar las cárceles; 17, internamiento de menores no acompañados, y 18, periodos más largos que lo más rápidamente posible para el comienzo del control judicial. Dejando de lado esta última virguería, propia de rábulas redomados, si hay alguna demagogia en todo esto es la cometida por los parlamentarios al aprobar una directiva que trata peor que a delincuentes a los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en el territorio de un Estado miembro, a los que por un procedimiento administrativo se les puede encerrar en una cárcel por un periodo de 18 meses.
Contaba una crónica del reciente congreso del PSOE que, en medio del jolgorio general, un delegado comentaba en voz lastimera que los socialistas no habían sabido explicar esta directiva del retorno, y que Leire Pajín, paradigma de renovación dentro de la renovación, le dijo: sí que es verdad, no lo hemos sabido explicar. ¿No lo han sabido explicar? ¿Cómo es eso? ¿Acaso no lee la flamante secretaria de organización del PSOE las declaraciones de su secretario general y presidente del Gobierno de España? Pues claro que lo han sabido explicar; demasiado bien lo han sabido explicar: la directiva europea es progresista. Eso es lo que dice el presidente del Gobierno: que la directiva es PRO-GRE-SIS-TA. También hay que restregarse los ojos para creerlo.
Pero puesto que estamos metidos en un acto de fe, vamos a creerlo. Vamos a creer que esta directiva es progresista y que quienes la han criticado lo han hecho por "ignorancia supina o demagogia irresponsable". Vale: lo dice el presidente, y el presidente es un hombre honrado. Pero al explicar por qué la directiva es progresista y los críticos son ignorantes y demagogos, el presidente incurre en una pequeña falacia. Hasta ahora -dice- había nueve Estados de la UE que no guardaban plazos, ni establecían garantías jurisdiccionales para los nacionales de otros países en situación ilegal, ni nada de nada. Con la directiva habrá un plazo que nadie podrá superar. Tal es la explicación del avance progresista que Leire Pajín no supo ofrecer al delegado.
Volvamos a los hechos, única manera de responder a la fea costumbre de descalificar al crítico llamándole ignorante y demagogo: salvo dos diputados que votaron en contra, la representación del PSOE en el Parlamento Europeo ha votado a favor de una directiva que permite -¡pero no impone!, dicen las almas benditas, preservando así su buena conciencia- a los Estados miembros de la UE internar en una cárcel durante 18 meses a personas que no han sido procesadas por ningún delito. Es posible -y válido para el argumento- que, antes de esta directiva, nueve Estados tuvieran encerrados en pocilgas a los inmigrantes ilegales durante dos, tres o más años, sin procesarlos ni expulsarlos. Ahora, si para limitar el plazo de esta flagrante violación de derechos humanos se aprueba una directiva que permite a todos los Estados encerrar a esos inmigrantes durante 18 meses, entonces habremos reducido el nivel de infamia de unos Estados por el procedimiento de elevar el nivel de infamia de todos los demás. Éste es el hecho. Y este hecho, sencillamente, no tiene explicación, aunque el presidente, que es un hombre honrado, llame demagogos e ignorantes a quienes se preguntan si para aprobar este tipo de directivas merece la pena votar, primero, y mantener, después, a la clase política más costosa, mejor pagada y más viajada que nos representa en el Parlamento Europeo.
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miércoles, julio 16, 2008
sábado, julio 12, 2008
Un paseo por Europa
La vieja Europa y la cara que no nos quieren enseñar. La que los políticos encierran bajo eufemismos y que encima pretenden vendernos como "medidas progresistas".
Esta es la realidad con la que muchas veces se encuentran quienes vienen aquí en busca de un futuro.
Campos de detención de inmigrantes ilegales en, por este orden, Melilla (España), Inglaterra, París (Francia), Grecia, Bélgica.... imágenes bastante alejadas de las que nos venden las agencias de viaje, verdad?
viernes, julio 11, 2008
Campaña contra la directiva de la vergüenza
http://www.no-fortress-europe.eu/showPage.jsp
Recogida de firmas para enviar al Parlamento Europeo en contra de la directiva de la vergüenza.
Firma, está en tus manos que eso se modifique. Está en tus manos intentar que dejen de existir las 172 cárceles para inmigrantes que hoy hay en Europa y países vecinos.
Recogida de firmas para enviar al Parlamento Europeo en contra de la directiva de la vergüenza.
Firma, está en tus manos que eso se modifique. Está en tus manos intentar que dejen de existir las 172 cárceles para inmigrantes que hoy hay en Europa y países vecinos.
jueves, julio 10, 2008
Con nuestros votos imbéciles
Javier Marías
Uno de los mayores peligros de nuestro tiempo es el contagio, al que estamos expuestos más que nunca –en seguida sabemos lo que ocurre en cualquier parte del mundo y podemos copiarlo–, y en unas sociedades en las que, además, nadie tiene el menor reparo en incurrir en el mimetismo. Y a nadie, desde luego, le compensa ser original e imaginativo, porque resulta muy costoso ir contracorriente. Es el nuestro un tiempo pesado y totalitario y abrumador, al que cada vez se hace más difícil oponer resistencia. Y así, las llamadas “tendencias” se convierten a menudo en tiranías.Una muestra reciente de esta rendición permanente ha sido la aprobación por aplastante mayoría, en el Parlamento Europeo, de la “directiva de retorno” para los inmigrantes ilegales. Es ésta una directiva repugnante, llena de cinismo y falta de escrúpulos, que a muchos europeos –pero ay, no a los bastantes– nos ha hecho sentir vergüenza de pertenecer a este continente. Como si se tratara de una parodia de Chaplin o Lubitsch, el ponente y promotor de dicha directiva ha sido un eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, que apareció en televisión muy ufano de su vileza y vestido de tirolés, cuando a nadie se le oculta qué clase de gente se viste así, todavía, en su país y en Austria. A este individuo grotesco le han dado la razón y sus votos no sólo sus correligionarios franceses (a las órdenes de Sarkozy), italianos (a las de Berlusconi, Bossi y Fini, notorios e indisimulados racistas), polacos (a las de los nacional-católicos gemelos Kaczynski), españoles (a las de Rajoy y sus flamantes “moderados”) y demás, sino también un buen puñado de eurodiputados socialistas, incluidos dieciséis de los diecinueve que España tiene en la Cámara (a las órdenes de Zapatero). Yo no sé con qué cara se atreverán el Gobierno y el PSOE, a partir de ahora, a proclamarse justos y democráticos y humanitarios, puesto que con sus votos propugnan que se “retenga” durante año y medio –año y medio– a un inmigrante ilegal cuyo único delito haya sido entrar clandestinamente en un país europeo huyendo del hambre, la guerra y la desesperación. Y asimismo propugna que los menores puedan ser enviados sin garantías a cualquier país, aunque no sea el suyo de origen. Todos sabemos lo que espera a esos críos: en algún punto del trayecto, una red de traficantes que, con el visto bueno de los europeos, se los llevarán a donde les parezca para utilizarlos como les plazca: esclavos, objetos sexuales, combatientes, donantes involuntarios de órganos. Y esto se producirá mientras los gobernantes europeos, con la mayor hipocresía, dicen preocuparse cada vez más por los riesgos que acechan a nuestros menores.Durante años se ha hecho la vista gorda con los inmigrantes ilegales. Se los ha explotado como mano de obra barata, casi gratuita, y se ha callado convenientemente que eran necesarios para nuestras economías y para que cubrieran los puestos de trabajo que los europeos –ya muy señoritos– se niegan a cubrir. Queremos que alguien recoja la basura y barra las calles, cuide de nuestros abuelos enfermos y de nuestros niños malcriados y consentidos, ponga los ladrillos de las cien mil construcciones vandálicas que han propiciado la corrupción de los alcaldes y la codicia de los promotores inmobiliarios, se ocupe de las faenas más duras del campo y limpie nuestras alcantarillas. Nosotros no estamos dispuestos a ensuciarnos las manos ni a deslomarnos. Que vengan esos negros, sudacas y moros a servirnos, esos rumanos que no tienen donde caerse muertos y que se prestarán a cualquier cosa, más les vale. Les daremos cuatro cuartos y asunto liquidado. Ahora, sin embargo, nos hemos hecho muy mirados con los cuatro cuartos, porque hay “crisis”. Hemos visto que algunos de esos inmigrantes delinquen –como si no delinquieran algunos españoles, italianos, alemanes o franceses de pura cepa– y, contagiados por Berlusconi y sus compinches –los cuales nunca han delinquido, por cierto, no se entiende por qué tienen tantas causas abiertas que los incriminan–, empezamos a pensar que todos esos inmigrantes son unos criminales. Y, como lo pensamos, aprobamos una directiva que los convierta en tales por el mero hecho de existir y haber osado pisar suelo europeo. Se los detendrá hasta año y medio, y sin asistencia judicial, como si fueran presos de ese Guantánamo contra el que los europeos aún nos atrevemos a clamar. Mientras tanto, ese propio Parlamento, quizá en previsión de la próxima escasez de mano de obra foránea y barata, permite también que nuestra jornada laboral alcance las sesenta e incluso las sesenta y cinco horas semanales. Algo nunca visto ni tolerado desde 1917. Y añaden hipócritamente: “según el libre acuerdo entre contratadores y contratados”. ¿Libre acuerdo? Todos sabemos también lo que ocurrirá. El empleador le dirá al empleado: “Usted trabajará sesenta horas. Si no le gusta, es libre de no aceptar, pero yo no voy a cambiar mis condiciones”. ¿Y qué creen que contestará el empleado, en una Europa en la que el empleo es precario y en la que se lleva decenios convenciendo a la gente de que se hipoteque de por vida para comprar un piso de mierda que habrán construido esos negros y sudacas a los que toca detener y expulsar? No me extrañaría que de aquí a poco los europeos tengan que envainarse su señoritismo y que volvamos a verlos barriendo calles, sólo que durante diez horas al día, seis días a la semana. Esta es la repugnante Europa que construimos, con nuestros votos imbéciles.
JAVIER MARÍAS
El País Semanal, 6 de julio de 2008
Uno de los mayores peligros de nuestro tiempo es el contagio, al que estamos expuestos más que nunca –en seguida sabemos lo que ocurre en cualquier parte del mundo y podemos copiarlo–, y en unas sociedades en las que, además, nadie tiene el menor reparo en incurrir en el mimetismo. Y a nadie, desde luego, le compensa ser original e imaginativo, porque resulta muy costoso ir contracorriente. Es el nuestro un tiempo pesado y totalitario y abrumador, al que cada vez se hace más difícil oponer resistencia. Y así, las llamadas “tendencias” se convierten a menudo en tiranías.Una muestra reciente de esta rendición permanente ha sido la aprobación por aplastante mayoría, en el Parlamento Europeo, de la “directiva de retorno” para los inmigrantes ilegales. Es ésta una directiva repugnante, llena de cinismo y falta de escrúpulos, que a muchos europeos –pero ay, no a los bastantes– nos ha hecho sentir vergüenza de pertenecer a este continente. Como si se tratara de una parodia de Chaplin o Lubitsch, el ponente y promotor de dicha directiva ha sido un eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, que apareció en televisión muy ufano de su vileza y vestido de tirolés, cuando a nadie se le oculta qué clase de gente se viste así, todavía, en su país y en Austria. A este individuo grotesco le han dado la razón y sus votos no sólo sus correligionarios franceses (a las órdenes de Sarkozy), italianos (a las de Berlusconi, Bossi y Fini, notorios e indisimulados racistas), polacos (a las de los nacional-católicos gemelos Kaczynski), españoles (a las de Rajoy y sus flamantes “moderados”) y demás, sino también un buen puñado de eurodiputados socialistas, incluidos dieciséis de los diecinueve que España tiene en la Cámara (a las órdenes de Zapatero). Yo no sé con qué cara se atreverán el Gobierno y el PSOE, a partir de ahora, a proclamarse justos y democráticos y humanitarios, puesto que con sus votos propugnan que se “retenga” durante año y medio –año y medio– a un inmigrante ilegal cuyo único delito haya sido entrar clandestinamente en un país europeo huyendo del hambre, la guerra y la desesperación. Y asimismo propugna que los menores puedan ser enviados sin garantías a cualquier país, aunque no sea el suyo de origen. Todos sabemos lo que espera a esos críos: en algún punto del trayecto, una red de traficantes que, con el visto bueno de los europeos, se los llevarán a donde les parezca para utilizarlos como les plazca: esclavos, objetos sexuales, combatientes, donantes involuntarios de órganos. Y esto se producirá mientras los gobernantes europeos, con la mayor hipocresía, dicen preocuparse cada vez más por los riesgos que acechan a nuestros menores.Durante años se ha hecho la vista gorda con los inmigrantes ilegales. Se los ha explotado como mano de obra barata, casi gratuita, y se ha callado convenientemente que eran necesarios para nuestras economías y para que cubrieran los puestos de trabajo que los europeos –ya muy señoritos– se niegan a cubrir. Queremos que alguien recoja la basura y barra las calles, cuide de nuestros abuelos enfermos y de nuestros niños malcriados y consentidos, ponga los ladrillos de las cien mil construcciones vandálicas que han propiciado la corrupción de los alcaldes y la codicia de los promotores inmobiliarios, se ocupe de las faenas más duras del campo y limpie nuestras alcantarillas. Nosotros no estamos dispuestos a ensuciarnos las manos ni a deslomarnos. Que vengan esos negros, sudacas y moros a servirnos, esos rumanos que no tienen donde caerse muertos y que se prestarán a cualquier cosa, más les vale. Les daremos cuatro cuartos y asunto liquidado. Ahora, sin embargo, nos hemos hecho muy mirados con los cuatro cuartos, porque hay “crisis”. Hemos visto que algunos de esos inmigrantes delinquen –como si no delinquieran algunos españoles, italianos, alemanes o franceses de pura cepa– y, contagiados por Berlusconi y sus compinches –los cuales nunca han delinquido, por cierto, no se entiende por qué tienen tantas causas abiertas que los incriminan–, empezamos a pensar que todos esos inmigrantes son unos criminales. Y, como lo pensamos, aprobamos una directiva que los convierta en tales por el mero hecho de existir y haber osado pisar suelo europeo. Se los detendrá hasta año y medio, y sin asistencia judicial, como si fueran presos de ese Guantánamo contra el que los europeos aún nos atrevemos a clamar. Mientras tanto, ese propio Parlamento, quizá en previsión de la próxima escasez de mano de obra foránea y barata, permite también que nuestra jornada laboral alcance las sesenta e incluso las sesenta y cinco horas semanales. Algo nunca visto ni tolerado desde 1917. Y añaden hipócritamente: “según el libre acuerdo entre contratadores y contratados”. ¿Libre acuerdo? Todos sabemos también lo que ocurrirá. El empleador le dirá al empleado: “Usted trabajará sesenta horas. Si no le gusta, es libre de no aceptar, pero yo no voy a cambiar mis condiciones”. ¿Y qué creen que contestará el empleado, en una Europa en la que el empleo es precario y en la que se lleva decenios convenciendo a la gente de que se hipoteque de por vida para comprar un piso de mierda que habrán construido esos negros y sudacas a los que toca detener y expulsar? No me extrañaría que de aquí a poco los europeos tengan que envainarse su señoritismo y que volvamos a verlos barriendo calles, sólo que durante diez horas al día, seis días a la semana. Esta es la repugnante Europa que construimos, con nuestros votos imbéciles.
JAVIER MARÍAS
El País Semanal, 6 de julio de 2008
viernes, julio 04, 2008
Filantropía, Juan José Millás
Filantropía
JUAN JOSÉ MILLÁS 04/07/2008
La subida de la luz no es para que las compañía eléctricas ganen más, sino para ayudarnos a consumir menos. La flexiseguridad, como el ornitorrinco, constituye una aportación a la biodiversidad. La jornada de 60 horas mejorará los derechos sociales en Europa. Los atascos son angosturas puntuales. Los accidentes, incidentes. La gripe asiática, diarrea estival. No sabemos qué nombre dar aún al miedo a la Iglesia, al pánico a modificar la ley del aborto, al terror a enfrentar de una vez por todas el asunto de la eutanasia, pero ya se nos irá ocurriendo, por recursos lingüísticos que no sea. Si hemos sido capaces de llamar daños colaterales a las víctimas civiles, cine de adultos al pornográfico, hombre de color al negro, establecimiento penitenciario a la cárcel, intervención militar a la guerra, solución final al crimen, niveles a los precios, métodos de persuasión a la tortura, privación sensorial a la asfixia inducida, productor al obrero, colaborador al asalariado, becario al esclavo, limpieza étnica al genocidio, campaña aérea al bombardeo, financiación al préstamo, moderación salarial a lo que usted ya sabe, y así de forma sucesiva, si hemos sido tan ingeniosos, tan rápidos en la respuesta, tan eficaces en el uso de la palabra, tenemos que encontrar el modo de convencernos de que la Ley del Retorno es filantrópica. A mí prácticamente me han vendido la burra esta semana. A ver cómo se la venden a un inocente equis cuando lleve un año encerrado en una celda. ¿Cómo explicarle que está allí por su bien, por su seguridad (quizá por su flexiseguridad)? ¿Cómo convencerle de que, de no haberlo encerrado, quizá lo hubiéramos matado, que era lo que nos pedía el cuerpo? Pero somos europeos, muchacho, dictamos leyes capaces de contenernos, de ponernos límites, y tú, enhorabuena, eres uno de sus primeros beneficiados.
JUAN JOSÉ MILLÁS 04/07/2008
La subida de la luz no es para que las compañía eléctricas ganen más, sino para ayudarnos a consumir menos. La flexiseguridad, como el ornitorrinco, constituye una aportación a la biodiversidad. La jornada de 60 horas mejorará los derechos sociales en Europa. Los atascos son angosturas puntuales. Los accidentes, incidentes. La gripe asiática, diarrea estival. No sabemos qué nombre dar aún al miedo a la Iglesia, al pánico a modificar la ley del aborto, al terror a enfrentar de una vez por todas el asunto de la eutanasia, pero ya se nos irá ocurriendo, por recursos lingüísticos que no sea. Si hemos sido capaces de llamar daños colaterales a las víctimas civiles, cine de adultos al pornográfico, hombre de color al negro, establecimiento penitenciario a la cárcel, intervención militar a la guerra, solución final al crimen, niveles a los precios, métodos de persuasión a la tortura, privación sensorial a la asfixia inducida, productor al obrero, colaborador al asalariado, becario al esclavo, limpieza étnica al genocidio, campaña aérea al bombardeo, financiación al préstamo, moderación salarial a lo que usted ya sabe, y así de forma sucesiva, si hemos sido tan ingeniosos, tan rápidos en la respuesta, tan eficaces en el uso de la palabra, tenemos que encontrar el modo de convencernos de que la Ley del Retorno es filantrópica. A mí prácticamente me han vendido la burra esta semana. A ver cómo se la venden a un inocente equis cuando lleve un año encerrado en una celda. ¿Cómo explicarle que está allí por su bien, por su seguridad (quizá por su flexiseguridad)? ¿Cómo convencerle de que, de no haberlo encerrado, quizá lo hubiéramos matado, que era lo que nos pedía el cuerpo? Pero somos europeos, muchacho, dictamos leyes capaces de contenernos, de ponernos límites, y tú, enhorabuena, eres uno de sus primeros beneficiados.
sábado, junio 28, 2008
El burdel, Juan José Millás
http://www.elpais.com/
El burdel
JUAN JOSÉ MILLÁS 27/06/2008
Ser decente es una lata. Implica creer en la dignidad del ser humano y todo eso. Hay cosas (explotar a un semejante, por ejemplo) que una persona honorable no puede permitirse. ¿Pero a quién no le apetece echar de cuando en cuando una cana al aire? Los padres de familia tradicionales (ejemplares, por lo general) tenían para desahogarse el burdel, donde azotaban el culo de las chicas o pedían a las chicas que azotaran el suyo. ¿Por qué no hay burdeles para que las personas virtuosas descansen de su ejemplaridad? Pues sí los hay: ahí está el Parlamento Europeo, donde llegas un día agobiado por las obligaciones morales características de un político honesto, y te puedes permitir el lujo de votar una jornada laboral de 60 horas semanales. Sesenta horas semanales de trabajo son una perversión, como practicar el sexo con correas y lavativas. Equivalen a 12 horas diarias, sin contar los desplazamientos. Porno duro, en fin. ¿Pero a quién no le apetece de vez en cuando despendolarse un poco? ¿Quién no alberga en el fondo de su alma fantasías sadomasoquistas? Pues ahí está el Parlamento Europeo para dar salida a todas estas necesidades. Pongamos que usted, pese a ser un individuo cabal, ha soñado en alguna ocasión con tener en un sótano a un niño, jugar con él durante equis meses y luego abandonarlo en cualquier país. Pues eso lo puede votar ahora mismo en el Parlamento Europeo. Y quien dice un niño dice un hombre hecho y derecho. Coger a un negro, qué maravilla, y encerrarlo una temporada por hambriento, para que aprenda, sin consecuencias de ninguna clase. El burdel es una institución absolutamente necesaria. Reconocer su existencia significa reconocer el lado oscuro del hombre. Si bien no tenemos nada contra sus clientes, nos gustan las personas que, como Borrell u Obiols, se niegan a utilizar sus servicios.
El burdel
JUAN JOSÉ MILLÁS 27/06/2008
Ser decente es una lata. Implica creer en la dignidad del ser humano y todo eso. Hay cosas (explotar a un semejante, por ejemplo) que una persona honorable no puede permitirse. ¿Pero a quién no le apetece echar de cuando en cuando una cana al aire? Los padres de familia tradicionales (ejemplares, por lo general) tenían para desahogarse el burdel, donde azotaban el culo de las chicas o pedían a las chicas que azotaran el suyo. ¿Por qué no hay burdeles para que las personas virtuosas descansen de su ejemplaridad? Pues sí los hay: ahí está el Parlamento Europeo, donde llegas un día agobiado por las obligaciones morales características de un político honesto, y te puedes permitir el lujo de votar una jornada laboral de 60 horas semanales. Sesenta horas semanales de trabajo son una perversión, como practicar el sexo con correas y lavativas. Equivalen a 12 horas diarias, sin contar los desplazamientos. Porno duro, en fin. ¿Pero a quién no le apetece de vez en cuando despendolarse un poco? ¿Quién no alberga en el fondo de su alma fantasías sadomasoquistas? Pues ahí está el Parlamento Europeo para dar salida a todas estas necesidades. Pongamos que usted, pese a ser un individuo cabal, ha soñado en alguna ocasión con tener en un sótano a un niño, jugar con él durante equis meses y luego abandonarlo en cualquier país. Pues eso lo puede votar ahora mismo en el Parlamento Europeo. Y quien dice un niño dice un hombre hecho y derecho. Coger a un negro, qué maravilla, y encerrarlo una temporada por hambriento, para que aprenda, sin consecuencias de ninguna clase. El burdel es una institución absolutamente necesaria. Reconocer su existencia significa reconocer el lado oscuro del hombre. Si bien no tenemos nada contra sus clientes, nos gustan las personas que, como Borrell u Obiols, se niegan a utilizar sus servicios.
sábado, junio 21, 2008
La directiva de la vergüenza
Los límites de la confusión
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 20/06/2008
El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta Fernández de la Vega se esforzaron ayer en asegurar a los ciudadanos que la directiva sobre expulsión de inmigrantes y deportación de menores aprobada esta semana por el Parlamento europeo "no afecta a la legislación española". Es una afirmación francamente sorprendente porque hasta ahora los que sabemos algo de la UE habíamos creído que los Estados miembros están obligados a transponer el contenido de las directivas comunitarias, bien mediante leyes nacionales, bien mediante normas reglamentarias. Creíamos que una cosa era que las directivas no tuvieran aplicación directa y otra que no tuvieran consecuencias legales.
Los 16 miembros del PSOE que apoyaron la directiva europea se alinearon con Fini, Bossi y el PP
En el caso concreto de esta directiva, el Gobierno español está obligado a que las leyes o normas sobre internamiento de inmigrantes se ajusten a ella. Como el texto aprobado dice que los inmigrantes sin documentación podrán permanecer detenidos "hasta 18 meses", la legislación española podrá ampliarse de 40 a 60 días, como se ha anunciado, sin problemas y, si así lo desea, este Gobierno, o cualquiera otro que le sustituya en el futuro, podrá ir cambiando esa legislación "hasta" los 18 meses mencionados en la directiva.
El problema con lo sucedido el pasado miércoles por el PE es que la directiva dice lo que dice y significa lo que significa, por mucho que en España los responsables políticos socialistas estén empeñados ahora en hacernos creer otra cosa. Los hechos son también los que son: 16 europarlamentarios socialistas españoles rompieron el voto de su grupo (102 socialistas votaron en contra y 48 se abstuvieron) y apoyaron sin turbación alguna una propuesta defendida, entre otros, por el Partido Popular, por la Alianza Nazionale de Gianfranco Fini, la Liga Norte de Umberto Bossi y por el partido político polaco que dirigen los famosos gemelos Kaczynski. Esa es la realidad.
El PSOE asegura que nunca se llegará en España al tope de 18 meses de internamiento. ¿Por qué no? ¿Piensa que va a estar en el Gobierno de España legislatura tras legislatura? Con esta votación, Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista han renunciado a criticar cualquier decisión en materia de internamiento de inmigrantes no documentados que tome en el futuro cualquier Gobierno popular. El colmo sería que el PSOE pretendiera movilizar a la opinión pública contra un Gobierno que, en el fondo, se estaría limitando a aplicar unas normas aprobadas gracias, precisamente, a los votos socialistas.
El pasado miércoles fue un día triste. Para los socialistas españoles, para sus simpatizantes y para quienes han creído en la construcción europea. Los primeros han visto cómo sus dirigentes renunciaban a parte de su memoria, no solo la histórica sino incluso la personal, para apoyar una directiva que creen que les ayudara a conservar el voto de las clases medias y trabajadoras, asustadas por la inmigración. Los segundos, porque ven cómo se aleja un propósito europeo que ha sido para muchos de sus ciudadanos un proyecto que protegía las libertades, ponía límites a la demagogia y al populismo, y aseguraba la racionalidad y el derecho. Si el camino que se empieza a recorrer es otro, si la construcción europea ya no es un objetivo basado en esos principios quizás no merezca la pena. Si el PE no ha sido capaz de paralizar una directiva como ésta, entonces, hay que replantearse muchas cosas.
Como siempre, habrá socialistas que se quejen del buenismo de quienes piensan que todo está bien. No se trata de eso. Todos sabemos que la inmigración sin control es un problema serio, que es difícil compaginar el derecho a controlar las fronteras y el derecho de los inmigrantes. Pero la obligación de un Gobierno democrático debería ser buscar un equilibrio que respete los derechos humanos de los inmigrantes. Con esta directiva no se pretende "ordenar" la inmigración, como no se cansa de decir el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Se trata claramente de una nueva normativa de represión. Eso es todo. Una directiva que reduce, por no decir elimina, la protección legal de personas que no han cometido ningún delito pero que resultan incómodas.
Los ciudadanos tenemos poca memoria, es cierto, pero en este caso a muchos nos será difícil olvidar a los tres únicos europarlamentarios socialistas que se negaron a someterse a las órdenes de su partido. Josep Borrell y Ramón Obiols, que votaron en contra, y Marti Grau i Segu, que se abstuvo. Quizás su gesto de dignidad sea castigado como lo fue el diputado Juan Antonio Barrio, que se atrevió a votar contra el pase del jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, David Taguas, a la patronal de la construcción. Es posible. Pero sus nombres no se olvidarán. Los de los 16 que firmaron la directiva junto a Fini y Kaczynski quedarán apuntados en un papel. solg@elpais.es
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 20/06/2008
El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta Fernández de la Vega se esforzaron ayer en asegurar a los ciudadanos que la directiva sobre expulsión de inmigrantes y deportación de menores aprobada esta semana por el Parlamento europeo "no afecta a la legislación española". Es una afirmación francamente sorprendente porque hasta ahora los que sabemos algo de la UE habíamos creído que los Estados miembros están obligados a transponer el contenido de las directivas comunitarias, bien mediante leyes nacionales, bien mediante normas reglamentarias. Creíamos que una cosa era que las directivas no tuvieran aplicación directa y otra que no tuvieran consecuencias legales.
Los 16 miembros del PSOE que apoyaron la directiva europea se alinearon con Fini, Bossi y el PP
En el caso concreto de esta directiva, el Gobierno español está obligado a que las leyes o normas sobre internamiento de inmigrantes se ajusten a ella. Como el texto aprobado dice que los inmigrantes sin documentación podrán permanecer detenidos "hasta 18 meses", la legislación española podrá ampliarse de 40 a 60 días, como se ha anunciado, sin problemas y, si así lo desea, este Gobierno, o cualquiera otro que le sustituya en el futuro, podrá ir cambiando esa legislación "hasta" los 18 meses mencionados en la directiva.
El problema con lo sucedido el pasado miércoles por el PE es que la directiva dice lo que dice y significa lo que significa, por mucho que en España los responsables políticos socialistas estén empeñados ahora en hacernos creer otra cosa. Los hechos son también los que son: 16 europarlamentarios socialistas españoles rompieron el voto de su grupo (102 socialistas votaron en contra y 48 se abstuvieron) y apoyaron sin turbación alguna una propuesta defendida, entre otros, por el Partido Popular, por la Alianza Nazionale de Gianfranco Fini, la Liga Norte de Umberto Bossi y por el partido político polaco que dirigen los famosos gemelos Kaczynski. Esa es la realidad.
El PSOE asegura que nunca se llegará en España al tope de 18 meses de internamiento. ¿Por qué no? ¿Piensa que va a estar en el Gobierno de España legislatura tras legislatura? Con esta votación, Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista han renunciado a criticar cualquier decisión en materia de internamiento de inmigrantes no documentados que tome en el futuro cualquier Gobierno popular. El colmo sería que el PSOE pretendiera movilizar a la opinión pública contra un Gobierno que, en el fondo, se estaría limitando a aplicar unas normas aprobadas gracias, precisamente, a los votos socialistas.
El pasado miércoles fue un día triste. Para los socialistas españoles, para sus simpatizantes y para quienes han creído en la construcción europea. Los primeros han visto cómo sus dirigentes renunciaban a parte de su memoria, no solo la histórica sino incluso la personal, para apoyar una directiva que creen que les ayudara a conservar el voto de las clases medias y trabajadoras, asustadas por la inmigración. Los segundos, porque ven cómo se aleja un propósito europeo que ha sido para muchos de sus ciudadanos un proyecto que protegía las libertades, ponía límites a la demagogia y al populismo, y aseguraba la racionalidad y el derecho. Si el camino que se empieza a recorrer es otro, si la construcción europea ya no es un objetivo basado en esos principios quizás no merezca la pena. Si el PE no ha sido capaz de paralizar una directiva como ésta, entonces, hay que replantearse muchas cosas.
Como siempre, habrá socialistas que se quejen del buenismo de quienes piensan que todo está bien. No se trata de eso. Todos sabemos que la inmigración sin control es un problema serio, que es difícil compaginar el derecho a controlar las fronteras y el derecho de los inmigrantes. Pero la obligación de un Gobierno democrático debería ser buscar un equilibrio que respete los derechos humanos de los inmigrantes. Con esta directiva no se pretende "ordenar" la inmigración, como no se cansa de decir el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Se trata claramente de una nueva normativa de represión. Eso es todo. Una directiva que reduce, por no decir elimina, la protección legal de personas que no han cometido ningún delito pero que resultan incómodas.
Los ciudadanos tenemos poca memoria, es cierto, pero en este caso a muchos nos será difícil olvidar a los tres únicos europarlamentarios socialistas que se negaron a someterse a las órdenes de su partido. Josep Borrell y Ramón Obiols, que votaron en contra, y Marti Grau i Segu, que se abstuvo. Quizás su gesto de dignidad sea castigado como lo fue el diputado Juan Antonio Barrio, que se atrevió a votar contra el pase del jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, David Taguas, a la patronal de la construcción. Es posible. Pero sus nombres no se olvidarán. Los de los 16 que firmaron la directiva junto a Fini y Kaczynski quedarán apuntados en un papel. solg@elpais.es
jueves, junio 19, 2008
Europa se blinda
La UE aprueba medidas muy represivas para los inmigrantes en situación ilegal, pero eso no parece conmover a nadie. No importa que afecte a los más adultos más desfavorecidos.
O los más desfavorecidos de los desfavorecidos, los niños inmigrantes que están solos en Europa. Casi ningún diario se hace eco de ello en las portadas de hoy, poca gente levanta su voz contra una medida que trata a los que buscan un futuro mejor como a delincuentes que pueden encerrarse durante 18 meses sólo por el hecho de ser quienes son: pobres en busca de trabajo.
Por suerte ha aparecido este acertado artículo de Sami Nair en El País.
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Europa se blinda ante los inmigrantes
La directiva europea sobre inmigración ilegal y las propuestas francesas sobre integración de extranjeros son muy inquietantes. Una vez más, se legisla desde la exageración de los datos y la mentalidad represiva
SAMI NAÏR 18/06/2008
La nueva directiva europea sobre inmigración ilegal, que propone unas normas comunes para la retención y expulsión de extranjeros sin papeles, se inscribe en la lógica de endurecimiento adoptada a partir del Consejo Europeo de Tampere, en 1999, y formalizada en el Programa de La Haya, en 2004. La directiva de 2005 sobre el retorno de extranjeros en situación irregular, ya muy severa, es hoy objeto de modificaciones sustanciales, siempre en el sentido de la restricción de las condiciones de entrada y del derecho de asilo. No en vano se han introducido cuatro disposiciones altamente simbólicas sobre el retorno voluntario, la retención, la readmisión y los menores.
Sarkozy pretende imponer el modelo francés al resto de las naciones de Europa
Desde la invasión de Irak, 100.000 iraquíes pidieron asilo en la UE. Siria acogió a 1,4 millones
La directiva pretende abrir la posibilidad de un retorno voluntario en un plazo de cuatro semanas. Pero la formulación es extremadamente ambigua: llama retorno voluntario a lo que en realidad es un retorno obligatorio. Así, el artículo 6, párrafo 2, sitúa al extranjero ante obligaciones permanentes, como, por ejemplo, las de tener que "presentarse regularmente ante las autoridades, depositar una garantía financiera, entregar documentos o residir en un lugar determinado". Al adoptar estas medidas tan restrictivas, los Estados aceptarán muy probablemente aumentar su participación en la financiación del retorno, lo que confirma su voluntad de obligar a los extranjeros a regresar a sus países de origen.
En cuanto a la duración de la retención, la UE creó hace ya unos 10 años la denominada política de "externalización", esto es, una serie de campos de internamiento prácticamente al margen del derecho. Ahora se trata de legislar la duración de la retención en el interior de la UE. Se fija en seis meses (artículo 14) el periodo de internamiento previo a la repatriación, aunque podrá ampliarse hasta los 18 meses. El proyecto inicial de la Comisión proponía una duración máxima de seis meses. Pero los Estados miembros, que aplican plazos de retención muy diferentes -que pueden ir desde los 32 días en Francia o los 42 en España hasta la detención ilimitada-, se han puesto de acuerdo en adoptar la media de... ¡18 meses!
Los partidarios del endurecimiento de las reglas presentan ese plazo como una victoria frente a los Estados más represivos, que practican la retención ilimitada. Pero ¿no implica también permitir a los más garantistas la posibilidad de pasar de 32 días a 18 meses? La armonización al alza del internamiento no puede ser un "avance", y menos aún cuando, en ausencia de una estrategia de gestión común de la demanda migratoria internacional hacia Europa, parece más que probable que, de aquí a algún tiempo, haya que aumentar de nuevo el plazo de retención.
Esta disposición viene acompañada de otro cerrojo a la readmisión en el territorio europeo del extranjero expulsado. A partir de ahora, éste no podrá presentarse en las fronteras de la Unión hasta pasados cinco años, o más, si ha sido clasificado como amenaza para la seguridad (artículo 9). En la práctica, se trata de la institución de un verdadero delito de inmigración. Berlusconi, siguiendo las propuestas de los ministros neofascistas de su Gobierno, ha llevado esta lógica de penalización hasta sus últimas consecuencias al introducir en el código penal italiano un "delito de inmigración clandestina", castigado con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión. Los responsables europeos dicen no aprobar tal decisión, pero ¿acaso no está implícita ya como posibilidad en la concepción de la inmigración ilegal como delito?
La tercera disposición concierne a los menores. Nadie ignora que éstos plantean un problema grave y que hay que legislar en la materia; prácticamente todos los países de la Unión deben hacer frente a esta nueva forma de inmigración. Lejos de nosotros la idea de arrojar la primera piedra contra la UE. Pero, ¿cómo reaccionar?
Dado que el derecho de los menores es uno de los más protegidos, no es posible equipararlo simple y llanamente con la lógica represiva que prevalece respecto a los adultos solicitantes de asilo. Ahora bien, el artículo 14 de la directiva establece que los Estados tendrán derecho a retener a los menores durante el mismo tiempo que a los adultos, aunque, añade, no será en "establecimientos penitenciarios ordinarios". Pero esos "lugares específicos" no se definen en ninguna parte. La directiva pretende respetar el principio del "interés superior del niño" remitiéndose a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989). Pero, hay que recordarlo, la convención no prevé en lugar alguno la posibilidad de la detención de los niños a causa de la inmigración ilegal.
Por otra parte, en la directiva se perfila entre líneas una tendencia a la desjudicialización de los procedimientos de detención y expatriación extremadamente peligrosa. Así, el artículo 14, párrafo 2, postula que "las decisiones de internamiento temporal serán tomadas por las autoridades judiciales", pero precisa que "en caso de urgencia podrán ser tomadas por las autoridades administrativas (...)", para, a continuación, ser confirmadas por las autoridades judiciales en un plazo de 72 horas. Ahora bien, en la práctica, esta sustitución de la competencia de la autoridad judicial por la de la autoridad administrativa tenderá a sistematizarse e, inevitablemente, tendrá consecuencias nefastas en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere.
Esta directiva viene acompañada por una ofensiva de la futura presidencia francesa de la UE destinada a hacer aún más difícil la integración de los inmigrantes. Nicolas Sarkozy pretende imponer el "contrato de integración" existente en Francia a la asamblea de socios europeos. Se trata de codificar unas reglas de asimilación de las normas y costumbres de los países de acogida que los candidatos a la inmigración tendrán que adoptar obligatoriamente. Evidentemente, eso deja la puerta abierta a una arbitrariedad aún mayor de los Estados en la lógica de selección que quieren poner en marcha para la acogida de extranjeros. La presidencia francesa también quiere conseguir que se admita el principio del rechazo a las regularizaciones "masivas", para evitar un "efecto llamada" que pudiera tener repercusiones en todos los países europeos.
Son propuestas muy problemáticas, pues aspiran a imponer un modelo identitario común (el "pacto sobre inmigración") a naciones cuya política es diferente a la francesa, y a controlar el derecho de cada país a decidir su propia política demográfica. En efecto, ¿qué significa "masivo"? ¿Por qué nadie precisa las cifras? ¿Y es que las naciones europeas ya no tienen derecho a incrementar su población cuando lo necesiten mediante las regularizaciones?
Los contenidos de esta directiva europea y el de las propuestas francesas son muy inquietantes. La necesidad de legislar sobre los refugiados solicitantes de asilo y sobre la inmigración ilegal es evidente, pero ¿siempre hay que hacerlo desde una perspectiva únicamente represiva y arbitraria? En cualquier caso, la inmigración continuará. Y la destrucción progresiva del derecho de asilo no solucionará nada.
Desde el Tratado de Maastricht, Europa ha entrado en un ciclo globalmente negativo sobre el asilo. La reducción progresiva de este derecho conduce a restricciones importantes. Uno de los escándalos más inmorales de los últimos años es el caso de los refugiados iraquíes. Desde la invasión de Irak, más de 2,4 millones de personas han abandonado ese país. Entre 2003 y 2007, alrededor de 100.000 iraquíes pidieron asilo político en Europa, de los cuales 40.000 lo hicieron entre 2006 y 2007. ¿Es mucho? Pues bien, Siria, cuyo PIB es mucho más bajo que el de la UE, ha acogido a 1,4 millones de iraquíes.
De hecho, la situación real de Europa y el resto del mundo en materia de acogida o rechazo de los solicitantes de asilo está marcada por una profunda desigualdad: Europa recibe un número de solicitudes de asilo relativamente bajo comparado con los millones de personas que emigran en el interior de África, Asia y las regiones fronterizas con Europa. No hay una "explosión" del número de refugiados propiamente dicha; hay sobre todo un endurecimiento continuo de las reglas de entrada que incrementa objetivamente el número de rechazos y, en consecuencia, el número de "expatriables" en las fronteras. Pero esto no impide a la Unión seguir endureciendo aún más su legislación.
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Sami Naïr es catedrático de Ciencias Políticas. Profesor invitado de la Universidad Carlos III. Traducción: José Luis Sánchez-Silva
O los más desfavorecidos de los desfavorecidos, los niños inmigrantes que están solos en Europa. Casi ningún diario se hace eco de ello en las portadas de hoy, poca gente levanta su voz contra una medida que trata a los que buscan un futuro mejor como a delincuentes que pueden encerrarse durante 18 meses sólo por el hecho de ser quienes son: pobres en busca de trabajo.
Por suerte ha aparecido este acertado artículo de Sami Nair en El País.
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Europa se blinda ante los inmigrantes
La directiva europea sobre inmigración ilegal y las propuestas francesas sobre integración de extranjeros son muy inquietantes. Una vez más, se legisla desde la exageración de los datos y la mentalidad represiva
SAMI NAÏR 18/06/2008
La nueva directiva europea sobre inmigración ilegal, que propone unas normas comunes para la retención y expulsión de extranjeros sin papeles, se inscribe en la lógica de endurecimiento adoptada a partir del Consejo Europeo de Tampere, en 1999, y formalizada en el Programa de La Haya, en 2004. La directiva de 2005 sobre el retorno de extranjeros en situación irregular, ya muy severa, es hoy objeto de modificaciones sustanciales, siempre en el sentido de la restricción de las condiciones de entrada y del derecho de asilo. No en vano se han introducido cuatro disposiciones altamente simbólicas sobre el retorno voluntario, la retención, la readmisión y los menores.
Sarkozy pretende imponer el modelo francés al resto de las naciones de Europa
Desde la invasión de Irak, 100.000 iraquíes pidieron asilo en la UE. Siria acogió a 1,4 millones
La directiva pretende abrir la posibilidad de un retorno voluntario en un plazo de cuatro semanas. Pero la formulación es extremadamente ambigua: llama retorno voluntario a lo que en realidad es un retorno obligatorio. Así, el artículo 6, párrafo 2, sitúa al extranjero ante obligaciones permanentes, como, por ejemplo, las de tener que "presentarse regularmente ante las autoridades, depositar una garantía financiera, entregar documentos o residir en un lugar determinado". Al adoptar estas medidas tan restrictivas, los Estados aceptarán muy probablemente aumentar su participación en la financiación del retorno, lo que confirma su voluntad de obligar a los extranjeros a regresar a sus países de origen.
En cuanto a la duración de la retención, la UE creó hace ya unos 10 años la denominada política de "externalización", esto es, una serie de campos de internamiento prácticamente al margen del derecho. Ahora se trata de legislar la duración de la retención en el interior de la UE. Se fija en seis meses (artículo 14) el periodo de internamiento previo a la repatriación, aunque podrá ampliarse hasta los 18 meses. El proyecto inicial de la Comisión proponía una duración máxima de seis meses. Pero los Estados miembros, que aplican plazos de retención muy diferentes -que pueden ir desde los 32 días en Francia o los 42 en España hasta la detención ilimitada-, se han puesto de acuerdo en adoptar la media de... ¡18 meses!
Los partidarios del endurecimiento de las reglas presentan ese plazo como una victoria frente a los Estados más represivos, que practican la retención ilimitada. Pero ¿no implica también permitir a los más garantistas la posibilidad de pasar de 32 días a 18 meses? La armonización al alza del internamiento no puede ser un "avance", y menos aún cuando, en ausencia de una estrategia de gestión común de la demanda migratoria internacional hacia Europa, parece más que probable que, de aquí a algún tiempo, haya que aumentar de nuevo el plazo de retención.
Esta disposición viene acompañada de otro cerrojo a la readmisión en el territorio europeo del extranjero expulsado. A partir de ahora, éste no podrá presentarse en las fronteras de la Unión hasta pasados cinco años, o más, si ha sido clasificado como amenaza para la seguridad (artículo 9). En la práctica, se trata de la institución de un verdadero delito de inmigración. Berlusconi, siguiendo las propuestas de los ministros neofascistas de su Gobierno, ha llevado esta lógica de penalización hasta sus últimas consecuencias al introducir en el código penal italiano un "delito de inmigración clandestina", castigado con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión. Los responsables europeos dicen no aprobar tal decisión, pero ¿acaso no está implícita ya como posibilidad en la concepción de la inmigración ilegal como delito?
La tercera disposición concierne a los menores. Nadie ignora que éstos plantean un problema grave y que hay que legislar en la materia; prácticamente todos los países de la Unión deben hacer frente a esta nueva forma de inmigración. Lejos de nosotros la idea de arrojar la primera piedra contra la UE. Pero, ¿cómo reaccionar?
Dado que el derecho de los menores es uno de los más protegidos, no es posible equipararlo simple y llanamente con la lógica represiva que prevalece respecto a los adultos solicitantes de asilo. Ahora bien, el artículo 14 de la directiva establece que los Estados tendrán derecho a retener a los menores durante el mismo tiempo que a los adultos, aunque, añade, no será en "establecimientos penitenciarios ordinarios". Pero esos "lugares específicos" no se definen en ninguna parte. La directiva pretende respetar el principio del "interés superior del niño" remitiéndose a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989). Pero, hay que recordarlo, la convención no prevé en lugar alguno la posibilidad de la detención de los niños a causa de la inmigración ilegal.
Por otra parte, en la directiva se perfila entre líneas una tendencia a la desjudicialización de los procedimientos de detención y expatriación extremadamente peligrosa. Así, el artículo 14, párrafo 2, postula que "las decisiones de internamiento temporal serán tomadas por las autoridades judiciales", pero precisa que "en caso de urgencia podrán ser tomadas por las autoridades administrativas (...)", para, a continuación, ser confirmadas por las autoridades judiciales en un plazo de 72 horas. Ahora bien, en la práctica, esta sustitución de la competencia de la autoridad judicial por la de la autoridad administrativa tenderá a sistematizarse e, inevitablemente, tendrá consecuencias nefastas en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere.
Esta directiva viene acompañada por una ofensiva de la futura presidencia francesa de la UE destinada a hacer aún más difícil la integración de los inmigrantes. Nicolas Sarkozy pretende imponer el "contrato de integración" existente en Francia a la asamblea de socios europeos. Se trata de codificar unas reglas de asimilación de las normas y costumbres de los países de acogida que los candidatos a la inmigración tendrán que adoptar obligatoriamente. Evidentemente, eso deja la puerta abierta a una arbitrariedad aún mayor de los Estados en la lógica de selección que quieren poner en marcha para la acogida de extranjeros. La presidencia francesa también quiere conseguir que se admita el principio del rechazo a las regularizaciones "masivas", para evitar un "efecto llamada" que pudiera tener repercusiones en todos los países europeos.
Son propuestas muy problemáticas, pues aspiran a imponer un modelo identitario común (el "pacto sobre inmigración") a naciones cuya política es diferente a la francesa, y a controlar el derecho de cada país a decidir su propia política demográfica. En efecto, ¿qué significa "masivo"? ¿Por qué nadie precisa las cifras? ¿Y es que las naciones europeas ya no tienen derecho a incrementar su población cuando lo necesiten mediante las regularizaciones?
Los contenidos de esta directiva europea y el de las propuestas francesas son muy inquietantes. La necesidad de legislar sobre los refugiados solicitantes de asilo y sobre la inmigración ilegal es evidente, pero ¿siempre hay que hacerlo desde una perspectiva únicamente represiva y arbitraria? En cualquier caso, la inmigración continuará. Y la destrucción progresiva del derecho de asilo no solucionará nada.
Desde el Tratado de Maastricht, Europa ha entrado en un ciclo globalmente negativo sobre el asilo. La reducción progresiva de este derecho conduce a restricciones importantes. Uno de los escándalos más inmorales de los últimos años es el caso de los refugiados iraquíes. Desde la invasión de Irak, más de 2,4 millones de personas han abandonado ese país. Entre 2003 y 2007, alrededor de 100.000 iraquíes pidieron asilo político en Europa, de los cuales 40.000 lo hicieron entre 2006 y 2007. ¿Es mucho? Pues bien, Siria, cuyo PIB es mucho más bajo que el de la UE, ha acogido a 1,4 millones de iraquíes.
De hecho, la situación real de Europa y el resto del mundo en materia de acogida o rechazo de los solicitantes de asilo está marcada por una profunda desigualdad: Europa recibe un número de solicitudes de asilo relativamente bajo comparado con los millones de personas que emigran en el interior de África, Asia y las regiones fronterizas con Europa. No hay una "explosión" del número de refugiados propiamente dicha; hay sobre todo un endurecimiento continuo de las reglas de entrada que incrementa objetivamente el número de rechazos y, en consecuencia, el número de "expatriables" en las fronteras. Pero esto no impide a la Unión seguir endureciendo aún más su legislación.
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Sami Naïr es catedrático de Ciencias Políticas. Profesor invitado de la Universidad Carlos III. Traducción: José Luis Sánchez-Silva
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