y me permito demostrarla ;-)
lunes, junio 30, 2008
Campeones de Europa
los mejores, sin duda alguna, los mejores jugadores de la Eurocopa se han llevado el trofeo.
Felicidades, chicos!!!! Os lo habéis ganado!
sábado, junio 28, 2008
El burdel, Juan José Millás
http://www.elpais.com/
El burdel
JUAN JOSÉ MILLÁS 27/06/2008
Ser decente es una lata. Implica creer en la dignidad del ser humano y todo eso. Hay cosas (explotar a un semejante, por ejemplo) que una persona honorable no puede permitirse. ¿Pero a quién no le apetece echar de cuando en cuando una cana al aire? Los padres de familia tradicionales (ejemplares, por lo general) tenían para desahogarse el burdel, donde azotaban el culo de las chicas o pedían a las chicas que azotaran el suyo. ¿Por qué no hay burdeles para que las personas virtuosas descansen de su ejemplaridad? Pues sí los hay: ahí está el Parlamento Europeo, donde llegas un día agobiado por las obligaciones morales características de un político honesto, y te puedes permitir el lujo de votar una jornada laboral de 60 horas semanales. Sesenta horas semanales de trabajo son una perversión, como practicar el sexo con correas y lavativas. Equivalen a 12 horas diarias, sin contar los desplazamientos. Porno duro, en fin. ¿Pero a quién no le apetece de vez en cuando despendolarse un poco? ¿Quién no alberga en el fondo de su alma fantasías sadomasoquistas? Pues ahí está el Parlamento Europeo para dar salida a todas estas necesidades. Pongamos que usted, pese a ser un individuo cabal, ha soñado en alguna ocasión con tener en un sótano a un niño, jugar con él durante equis meses y luego abandonarlo en cualquier país. Pues eso lo puede votar ahora mismo en el Parlamento Europeo. Y quien dice un niño dice un hombre hecho y derecho. Coger a un negro, qué maravilla, y encerrarlo una temporada por hambriento, para que aprenda, sin consecuencias de ninguna clase. El burdel es una institución absolutamente necesaria. Reconocer su existencia significa reconocer el lado oscuro del hombre. Si bien no tenemos nada contra sus clientes, nos gustan las personas que, como Borrell u Obiols, se niegan a utilizar sus servicios.
El burdel
JUAN JOSÉ MILLÁS 27/06/2008
Ser decente es una lata. Implica creer en la dignidad del ser humano y todo eso. Hay cosas (explotar a un semejante, por ejemplo) que una persona honorable no puede permitirse. ¿Pero a quién no le apetece echar de cuando en cuando una cana al aire? Los padres de familia tradicionales (ejemplares, por lo general) tenían para desahogarse el burdel, donde azotaban el culo de las chicas o pedían a las chicas que azotaran el suyo. ¿Por qué no hay burdeles para que las personas virtuosas descansen de su ejemplaridad? Pues sí los hay: ahí está el Parlamento Europeo, donde llegas un día agobiado por las obligaciones morales características de un político honesto, y te puedes permitir el lujo de votar una jornada laboral de 60 horas semanales. Sesenta horas semanales de trabajo son una perversión, como practicar el sexo con correas y lavativas. Equivalen a 12 horas diarias, sin contar los desplazamientos. Porno duro, en fin. ¿Pero a quién no le apetece de vez en cuando despendolarse un poco? ¿Quién no alberga en el fondo de su alma fantasías sadomasoquistas? Pues ahí está el Parlamento Europeo para dar salida a todas estas necesidades. Pongamos que usted, pese a ser un individuo cabal, ha soñado en alguna ocasión con tener en un sótano a un niño, jugar con él durante equis meses y luego abandonarlo en cualquier país. Pues eso lo puede votar ahora mismo en el Parlamento Europeo. Y quien dice un niño dice un hombre hecho y derecho. Coger a un negro, qué maravilla, y encerrarlo una temporada por hambriento, para que aprenda, sin consecuencias de ninguna clase. El burdel es una institución absolutamente necesaria. Reconocer su existencia significa reconocer el lado oscuro del hombre. Si bien no tenemos nada contra sus clientes, nos gustan las personas que, como Borrell u Obiols, se niegan a utilizar sus servicios.
sábado, junio 21, 2008
La directiva de la vergüenza
Los límites de la confusión
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 20/06/2008
El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta Fernández de la Vega se esforzaron ayer en asegurar a los ciudadanos que la directiva sobre expulsión de inmigrantes y deportación de menores aprobada esta semana por el Parlamento europeo "no afecta a la legislación española". Es una afirmación francamente sorprendente porque hasta ahora los que sabemos algo de la UE habíamos creído que los Estados miembros están obligados a transponer el contenido de las directivas comunitarias, bien mediante leyes nacionales, bien mediante normas reglamentarias. Creíamos que una cosa era que las directivas no tuvieran aplicación directa y otra que no tuvieran consecuencias legales.
Los 16 miembros del PSOE que apoyaron la directiva europea se alinearon con Fini, Bossi y el PP
En el caso concreto de esta directiva, el Gobierno español está obligado a que las leyes o normas sobre internamiento de inmigrantes se ajusten a ella. Como el texto aprobado dice que los inmigrantes sin documentación podrán permanecer detenidos "hasta 18 meses", la legislación española podrá ampliarse de 40 a 60 días, como se ha anunciado, sin problemas y, si así lo desea, este Gobierno, o cualquiera otro que le sustituya en el futuro, podrá ir cambiando esa legislación "hasta" los 18 meses mencionados en la directiva.
El problema con lo sucedido el pasado miércoles por el PE es que la directiva dice lo que dice y significa lo que significa, por mucho que en España los responsables políticos socialistas estén empeñados ahora en hacernos creer otra cosa. Los hechos son también los que son: 16 europarlamentarios socialistas españoles rompieron el voto de su grupo (102 socialistas votaron en contra y 48 se abstuvieron) y apoyaron sin turbación alguna una propuesta defendida, entre otros, por el Partido Popular, por la Alianza Nazionale de Gianfranco Fini, la Liga Norte de Umberto Bossi y por el partido político polaco que dirigen los famosos gemelos Kaczynski. Esa es la realidad.
El PSOE asegura que nunca se llegará en España al tope de 18 meses de internamiento. ¿Por qué no? ¿Piensa que va a estar en el Gobierno de España legislatura tras legislatura? Con esta votación, Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista han renunciado a criticar cualquier decisión en materia de internamiento de inmigrantes no documentados que tome en el futuro cualquier Gobierno popular. El colmo sería que el PSOE pretendiera movilizar a la opinión pública contra un Gobierno que, en el fondo, se estaría limitando a aplicar unas normas aprobadas gracias, precisamente, a los votos socialistas.
El pasado miércoles fue un día triste. Para los socialistas españoles, para sus simpatizantes y para quienes han creído en la construcción europea. Los primeros han visto cómo sus dirigentes renunciaban a parte de su memoria, no solo la histórica sino incluso la personal, para apoyar una directiva que creen que les ayudara a conservar el voto de las clases medias y trabajadoras, asustadas por la inmigración. Los segundos, porque ven cómo se aleja un propósito europeo que ha sido para muchos de sus ciudadanos un proyecto que protegía las libertades, ponía límites a la demagogia y al populismo, y aseguraba la racionalidad y el derecho. Si el camino que se empieza a recorrer es otro, si la construcción europea ya no es un objetivo basado en esos principios quizás no merezca la pena. Si el PE no ha sido capaz de paralizar una directiva como ésta, entonces, hay que replantearse muchas cosas.
Como siempre, habrá socialistas que se quejen del buenismo de quienes piensan que todo está bien. No se trata de eso. Todos sabemos que la inmigración sin control es un problema serio, que es difícil compaginar el derecho a controlar las fronteras y el derecho de los inmigrantes. Pero la obligación de un Gobierno democrático debería ser buscar un equilibrio que respete los derechos humanos de los inmigrantes. Con esta directiva no se pretende "ordenar" la inmigración, como no se cansa de decir el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Se trata claramente de una nueva normativa de represión. Eso es todo. Una directiva que reduce, por no decir elimina, la protección legal de personas que no han cometido ningún delito pero que resultan incómodas.
Los ciudadanos tenemos poca memoria, es cierto, pero en este caso a muchos nos será difícil olvidar a los tres únicos europarlamentarios socialistas que se negaron a someterse a las órdenes de su partido. Josep Borrell y Ramón Obiols, que votaron en contra, y Marti Grau i Segu, que se abstuvo. Quizás su gesto de dignidad sea castigado como lo fue el diputado Juan Antonio Barrio, que se atrevió a votar contra el pase del jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, David Taguas, a la patronal de la construcción. Es posible. Pero sus nombres no se olvidarán. Los de los 16 que firmaron la directiva junto a Fini y Kaczynski quedarán apuntados en un papel. solg@elpais.es
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 20/06/2008
El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta Fernández de la Vega se esforzaron ayer en asegurar a los ciudadanos que la directiva sobre expulsión de inmigrantes y deportación de menores aprobada esta semana por el Parlamento europeo "no afecta a la legislación española". Es una afirmación francamente sorprendente porque hasta ahora los que sabemos algo de la UE habíamos creído que los Estados miembros están obligados a transponer el contenido de las directivas comunitarias, bien mediante leyes nacionales, bien mediante normas reglamentarias. Creíamos que una cosa era que las directivas no tuvieran aplicación directa y otra que no tuvieran consecuencias legales.
Los 16 miembros del PSOE que apoyaron la directiva europea se alinearon con Fini, Bossi y el PP
En el caso concreto de esta directiva, el Gobierno español está obligado a que las leyes o normas sobre internamiento de inmigrantes se ajusten a ella. Como el texto aprobado dice que los inmigrantes sin documentación podrán permanecer detenidos "hasta 18 meses", la legislación española podrá ampliarse de 40 a 60 días, como se ha anunciado, sin problemas y, si así lo desea, este Gobierno, o cualquiera otro que le sustituya en el futuro, podrá ir cambiando esa legislación "hasta" los 18 meses mencionados en la directiva.
El problema con lo sucedido el pasado miércoles por el PE es que la directiva dice lo que dice y significa lo que significa, por mucho que en España los responsables políticos socialistas estén empeñados ahora en hacernos creer otra cosa. Los hechos son también los que son: 16 europarlamentarios socialistas españoles rompieron el voto de su grupo (102 socialistas votaron en contra y 48 se abstuvieron) y apoyaron sin turbación alguna una propuesta defendida, entre otros, por el Partido Popular, por la Alianza Nazionale de Gianfranco Fini, la Liga Norte de Umberto Bossi y por el partido político polaco que dirigen los famosos gemelos Kaczynski. Esa es la realidad.
El PSOE asegura que nunca se llegará en España al tope de 18 meses de internamiento. ¿Por qué no? ¿Piensa que va a estar en el Gobierno de España legislatura tras legislatura? Con esta votación, Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista han renunciado a criticar cualquier decisión en materia de internamiento de inmigrantes no documentados que tome en el futuro cualquier Gobierno popular. El colmo sería que el PSOE pretendiera movilizar a la opinión pública contra un Gobierno que, en el fondo, se estaría limitando a aplicar unas normas aprobadas gracias, precisamente, a los votos socialistas.
El pasado miércoles fue un día triste. Para los socialistas españoles, para sus simpatizantes y para quienes han creído en la construcción europea. Los primeros han visto cómo sus dirigentes renunciaban a parte de su memoria, no solo la histórica sino incluso la personal, para apoyar una directiva que creen que les ayudara a conservar el voto de las clases medias y trabajadoras, asustadas por la inmigración. Los segundos, porque ven cómo se aleja un propósito europeo que ha sido para muchos de sus ciudadanos un proyecto que protegía las libertades, ponía límites a la demagogia y al populismo, y aseguraba la racionalidad y el derecho. Si el camino que se empieza a recorrer es otro, si la construcción europea ya no es un objetivo basado en esos principios quizás no merezca la pena. Si el PE no ha sido capaz de paralizar una directiva como ésta, entonces, hay que replantearse muchas cosas.
Como siempre, habrá socialistas que se quejen del buenismo de quienes piensan que todo está bien. No se trata de eso. Todos sabemos que la inmigración sin control es un problema serio, que es difícil compaginar el derecho a controlar las fronteras y el derecho de los inmigrantes. Pero la obligación de un Gobierno democrático debería ser buscar un equilibrio que respete los derechos humanos de los inmigrantes. Con esta directiva no se pretende "ordenar" la inmigración, como no se cansa de decir el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Se trata claramente de una nueva normativa de represión. Eso es todo. Una directiva que reduce, por no decir elimina, la protección legal de personas que no han cometido ningún delito pero que resultan incómodas.
Los ciudadanos tenemos poca memoria, es cierto, pero en este caso a muchos nos será difícil olvidar a los tres únicos europarlamentarios socialistas que se negaron a someterse a las órdenes de su partido. Josep Borrell y Ramón Obiols, que votaron en contra, y Marti Grau i Segu, que se abstuvo. Quizás su gesto de dignidad sea castigado como lo fue el diputado Juan Antonio Barrio, que se atrevió a votar contra el pase del jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, David Taguas, a la patronal de la construcción. Es posible. Pero sus nombres no se olvidarán. Los de los 16 que firmaron la directiva junto a Fini y Kaczynski quedarán apuntados en un papel. solg@elpais.es
jueves, junio 19, 2008
Europa se blinda
La UE aprueba medidas muy represivas para los inmigrantes en situación ilegal, pero eso no parece conmover a nadie. No importa que afecte a los más adultos más desfavorecidos.
O los más desfavorecidos de los desfavorecidos, los niños inmigrantes que están solos en Europa. Casi ningún diario se hace eco de ello en las portadas de hoy, poca gente levanta su voz contra una medida que trata a los que buscan un futuro mejor como a delincuentes que pueden encerrarse durante 18 meses sólo por el hecho de ser quienes son: pobres en busca de trabajo.
Por suerte ha aparecido este acertado artículo de Sami Nair en El País.
.......................
Europa se blinda ante los inmigrantes
La directiva europea sobre inmigración ilegal y las propuestas francesas sobre integración de extranjeros son muy inquietantes. Una vez más, se legisla desde la exageración de los datos y la mentalidad represiva
SAMI NAÏR 18/06/2008
La nueva directiva europea sobre inmigración ilegal, que propone unas normas comunes para la retención y expulsión de extranjeros sin papeles, se inscribe en la lógica de endurecimiento adoptada a partir del Consejo Europeo de Tampere, en 1999, y formalizada en el Programa de La Haya, en 2004. La directiva de 2005 sobre el retorno de extranjeros en situación irregular, ya muy severa, es hoy objeto de modificaciones sustanciales, siempre en el sentido de la restricción de las condiciones de entrada y del derecho de asilo. No en vano se han introducido cuatro disposiciones altamente simbólicas sobre el retorno voluntario, la retención, la readmisión y los menores.
Sarkozy pretende imponer el modelo francés al resto de las naciones de Europa
Desde la invasión de Irak, 100.000 iraquíes pidieron asilo en la UE. Siria acogió a 1,4 millones
La directiva pretende abrir la posibilidad de un retorno voluntario en un plazo de cuatro semanas. Pero la formulación es extremadamente ambigua: llama retorno voluntario a lo que en realidad es un retorno obligatorio. Así, el artículo 6, párrafo 2, sitúa al extranjero ante obligaciones permanentes, como, por ejemplo, las de tener que "presentarse regularmente ante las autoridades, depositar una garantía financiera, entregar documentos o residir en un lugar determinado". Al adoptar estas medidas tan restrictivas, los Estados aceptarán muy probablemente aumentar su participación en la financiación del retorno, lo que confirma su voluntad de obligar a los extranjeros a regresar a sus países de origen.
En cuanto a la duración de la retención, la UE creó hace ya unos 10 años la denominada política de "externalización", esto es, una serie de campos de internamiento prácticamente al margen del derecho. Ahora se trata de legislar la duración de la retención en el interior de la UE. Se fija en seis meses (artículo 14) el periodo de internamiento previo a la repatriación, aunque podrá ampliarse hasta los 18 meses. El proyecto inicial de la Comisión proponía una duración máxima de seis meses. Pero los Estados miembros, que aplican plazos de retención muy diferentes -que pueden ir desde los 32 días en Francia o los 42 en España hasta la detención ilimitada-, se han puesto de acuerdo en adoptar la media de... ¡18 meses!
Los partidarios del endurecimiento de las reglas presentan ese plazo como una victoria frente a los Estados más represivos, que practican la retención ilimitada. Pero ¿no implica también permitir a los más garantistas la posibilidad de pasar de 32 días a 18 meses? La armonización al alza del internamiento no puede ser un "avance", y menos aún cuando, en ausencia de una estrategia de gestión común de la demanda migratoria internacional hacia Europa, parece más que probable que, de aquí a algún tiempo, haya que aumentar de nuevo el plazo de retención.
Esta disposición viene acompañada de otro cerrojo a la readmisión en el territorio europeo del extranjero expulsado. A partir de ahora, éste no podrá presentarse en las fronteras de la Unión hasta pasados cinco años, o más, si ha sido clasificado como amenaza para la seguridad (artículo 9). En la práctica, se trata de la institución de un verdadero delito de inmigración. Berlusconi, siguiendo las propuestas de los ministros neofascistas de su Gobierno, ha llevado esta lógica de penalización hasta sus últimas consecuencias al introducir en el código penal italiano un "delito de inmigración clandestina", castigado con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión. Los responsables europeos dicen no aprobar tal decisión, pero ¿acaso no está implícita ya como posibilidad en la concepción de la inmigración ilegal como delito?
La tercera disposición concierne a los menores. Nadie ignora que éstos plantean un problema grave y que hay que legislar en la materia; prácticamente todos los países de la Unión deben hacer frente a esta nueva forma de inmigración. Lejos de nosotros la idea de arrojar la primera piedra contra la UE. Pero, ¿cómo reaccionar?
Dado que el derecho de los menores es uno de los más protegidos, no es posible equipararlo simple y llanamente con la lógica represiva que prevalece respecto a los adultos solicitantes de asilo. Ahora bien, el artículo 14 de la directiva establece que los Estados tendrán derecho a retener a los menores durante el mismo tiempo que a los adultos, aunque, añade, no será en "establecimientos penitenciarios ordinarios". Pero esos "lugares específicos" no se definen en ninguna parte. La directiva pretende respetar el principio del "interés superior del niño" remitiéndose a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989). Pero, hay que recordarlo, la convención no prevé en lugar alguno la posibilidad de la detención de los niños a causa de la inmigración ilegal.
Por otra parte, en la directiva se perfila entre líneas una tendencia a la desjudicialización de los procedimientos de detención y expatriación extremadamente peligrosa. Así, el artículo 14, párrafo 2, postula que "las decisiones de internamiento temporal serán tomadas por las autoridades judiciales", pero precisa que "en caso de urgencia podrán ser tomadas por las autoridades administrativas (...)", para, a continuación, ser confirmadas por las autoridades judiciales en un plazo de 72 horas. Ahora bien, en la práctica, esta sustitución de la competencia de la autoridad judicial por la de la autoridad administrativa tenderá a sistematizarse e, inevitablemente, tendrá consecuencias nefastas en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere.
Esta directiva viene acompañada por una ofensiva de la futura presidencia francesa de la UE destinada a hacer aún más difícil la integración de los inmigrantes. Nicolas Sarkozy pretende imponer el "contrato de integración" existente en Francia a la asamblea de socios europeos. Se trata de codificar unas reglas de asimilación de las normas y costumbres de los países de acogida que los candidatos a la inmigración tendrán que adoptar obligatoriamente. Evidentemente, eso deja la puerta abierta a una arbitrariedad aún mayor de los Estados en la lógica de selección que quieren poner en marcha para la acogida de extranjeros. La presidencia francesa también quiere conseguir que se admita el principio del rechazo a las regularizaciones "masivas", para evitar un "efecto llamada" que pudiera tener repercusiones en todos los países europeos.
Son propuestas muy problemáticas, pues aspiran a imponer un modelo identitario común (el "pacto sobre inmigración") a naciones cuya política es diferente a la francesa, y a controlar el derecho de cada país a decidir su propia política demográfica. En efecto, ¿qué significa "masivo"? ¿Por qué nadie precisa las cifras? ¿Y es que las naciones europeas ya no tienen derecho a incrementar su población cuando lo necesiten mediante las regularizaciones?
Los contenidos de esta directiva europea y el de las propuestas francesas son muy inquietantes. La necesidad de legislar sobre los refugiados solicitantes de asilo y sobre la inmigración ilegal es evidente, pero ¿siempre hay que hacerlo desde una perspectiva únicamente represiva y arbitraria? En cualquier caso, la inmigración continuará. Y la destrucción progresiva del derecho de asilo no solucionará nada.
Desde el Tratado de Maastricht, Europa ha entrado en un ciclo globalmente negativo sobre el asilo. La reducción progresiva de este derecho conduce a restricciones importantes. Uno de los escándalos más inmorales de los últimos años es el caso de los refugiados iraquíes. Desde la invasión de Irak, más de 2,4 millones de personas han abandonado ese país. Entre 2003 y 2007, alrededor de 100.000 iraquíes pidieron asilo político en Europa, de los cuales 40.000 lo hicieron entre 2006 y 2007. ¿Es mucho? Pues bien, Siria, cuyo PIB es mucho más bajo que el de la UE, ha acogido a 1,4 millones de iraquíes.
De hecho, la situación real de Europa y el resto del mundo en materia de acogida o rechazo de los solicitantes de asilo está marcada por una profunda desigualdad: Europa recibe un número de solicitudes de asilo relativamente bajo comparado con los millones de personas que emigran en el interior de África, Asia y las regiones fronterizas con Europa. No hay una "explosión" del número de refugiados propiamente dicha; hay sobre todo un endurecimiento continuo de las reglas de entrada que incrementa objetivamente el número de rechazos y, en consecuencia, el número de "expatriables" en las fronteras. Pero esto no impide a la Unión seguir endureciendo aún más su legislación.
.
Sami Naïr es catedrático de Ciencias Políticas. Profesor invitado de la Universidad Carlos III. Traducción: José Luis Sánchez-Silva
O los más desfavorecidos de los desfavorecidos, los niños inmigrantes que están solos en Europa. Casi ningún diario se hace eco de ello en las portadas de hoy, poca gente levanta su voz contra una medida que trata a los que buscan un futuro mejor como a delincuentes que pueden encerrarse durante 18 meses sólo por el hecho de ser quienes son: pobres en busca de trabajo.
Por suerte ha aparecido este acertado artículo de Sami Nair en El País.
.......................
Europa se blinda ante los inmigrantes
La directiva europea sobre inmigración ilegal y las propuestas francesas sobre integración de extranjeros son muy inquietantes. Una vez más, se legisla desde la exageración de los datos y la mentalidad represiva
SAMI NAÏR 18/06/2008
La nueva directiva europea sobre inmigración ilegal, que propone unas normas comunes para la retención y expulsión de extranjeros sin papeles, se inscribe en la lógica de endurecimiento adoptada a partir del Consejo Europeo de Tampere, en 1999, y formalizada en el Programa de La Haya, en 2004. La directiva de 2005 sobre el retorno de extranjeros en situación irregular, ya muy severa, es hoy objeto de modificaciones sustanciales, siempre en el sentido de la restricción de las condiciones de entrada y del derecho de asilo. No en vano se han introducido cuatro disposiciones altamente simbólicas sobre el retorno voluntario, la retención, la readmisión y los menores.
Sarkozy pretende imponer el modelo francés al resto de las naciones de Europa
Desde la invasión de Irak, 100.000 iraquíes pidieron asilo en la UE. Siria acogió a 1,4 millones
La directiva pretende abrir la posibilidad de un retorno voluntario en un plazo de cuatro semanas. Pero la formulación es extremadamente ambigua: llama retorno voluntario a lo que en realidad es un retorno obligatorio. Así, el artículo 6, párrafo 2, sitúa al extranjero ante obligaciones permanentes, como, por ejemplo, las de tener que "presentarse regularmente ante las autoridades, depositar una garantía financiera, entregar documentos o residir en un lugar determinado". Al adoptar estas medidas tan restrictivas, los Estados aceptarán muy probablemente aumentar su participación en la financiación del retorno, lo que confirma su voluntad de obligar a los extranjeros a regresar a sus países de origen.
En cuanto a la duración de la retención, la UE creó hace ya unos 10 años la denominada política de "externalización", esto es, una serie de campos de internamiento prácticamente al margen del derecho. Ahora se trata de legislar la duración de la retención en el interior de la UE. Se fija en seis meses (artículo 14) el periodo de internamiento previo a la repatriación, aunque podrá ampliarse hasta los 18 meses. El proyecto inicial de la Comisión proponía una duración máxima de seis meses. Pero los Estados miembros, que aplican plazos de retención muy diferentes -que pueden ir desde los 32 días en Francia o los 42 en España hasta la detención ilimitada-, se han puesto de acuerdo en adoptar la media de... ¡18 meses!
Los partidarios del endurecimiento de las reglas presentan ese plazo como una victoria frente a los Estados más represivos, que practican la retención ilimitada. Pero ¿no implica también permitir a los más garantistas la posibilidad de pasar de 32 días a 18 meses? La armonización al alza del internamiento no puede ser un "avance", y menos aún cuando, en ausencia de una estrategia de gestión común de la demanda migratoria internacional hacia Europa, parece más que probable que, de aquí a algún tiempo, haya que aumentar de nuevo el plazo de retención.
Esta disposición viene acompañada de otro cerrojo a la readmisión en el territorio europeo del extranjero expulsado. A partir de ahora, éste no podrá presentarse en las fronteras de la Unión hasta pasados cinco años, o más, si ha sido clasificado como amenaza para la seguridad (artículo 9). En la práctica, se trata de la institución de un verdadero delito de inmigración. Berlusconi, siguiendo las propuestas de los ministros neofascistas de su Gobierno, ha llevado esta lógica de penalización hasta sus últimas consecuencias al introducir en el código penal italiano un "delito de inmigración clandestina", castigado con una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión. Los responsables europeos dicen no aprobar tal decisión, pero ¿acaso no está implícita ya como posibilidad en la concepción de la inmigración ilegal como delito?
La tercera disposición concierne a los menores. Nadie ignora que éstos plantean un problema grave y que hay que legislar en la materia; prácticamente todos los países de la Unión deben hacer frente a esta nueva forma de inmigración. Lejos de nosotros la idea de arrojar la primera piedra contra la UE. Pero, ¿cómo reaccionar?
Dado que el derecho de los menores es uno de los más protegidos, no es posible equipararlo simple y llanamente con la lógica represiva que prevalece respecto a los adultos solicitantes de asilo. Ahora bien, el artículo 14 de la directiva establece que los Estados tendrán derecho a retener a los menores durante el mismo tiempo que a los adultos, aunque, añade, no será en "establecimientos penitenciarios ordinarios". Pero esos "lugares específicos" no se definen en ninguna parte. La directiva pretende respetar el principio del "interés superior del niño" remitiéndose a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989). Pero, hay que recordarlo, la convención no prevé en lugar alguno la posibilidad de la detención de los niños a causa de la inmigración ilegal.
Por otra parte, en la directiva se perfila entre líneas una tendencia a la desjudicialización de los procedimientos de detención y expatriación extremadamente peligrosa. Así, el artículo 14, párrafo 2, postula que "las decisiones de internamiento temporal serán tomadas por las autoridades judiciales", pero precisa que "en caso de urgencia podrán ser tomadas por las autoridades administrativas (...)", para, a continuación, ser confirmadas por las autoridades judiciales en un plazo de 72 horas. Ahora bien, en la práctica, esta sustitución de la competencia de la autoridad judicial por la de la autoridad administrativa tenderá a sistematizarse e, inevitablemente, tendrá consecuencias nefastas en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere.
Esta directiva viene acompañada por una ofensiva de la futura presidencia francesa de la UE destinada a hacer aún más difícil la integración de los inmigrantes. Nicolas Sarkozy pretende imponer el "contrato de integración" existente en Francia a la asamblea de socios europeos. Se trata de codificar unas reglas de asimilación de las normas y costumbres de los países de acogida que los candidatos a la inmigración tendrán que adoptar obligatoriamente. Evidentemente, eso deja la puerta abierta a una arbitrariedad aún mayor de los Estados en la lógica de selección que quieren poner en marcha para la acogida de extranjeros. La presidencia francesa también quiere conseguir que se admita el principio del rechazo a las regularizaciones "masivas", para evitar un "efecto llamada" que pudiera tener repercusiones en todos los países europeos.
Son propuestas muy problemáticas, pues aspiran a imponer un modelo identitario común (el "pacto sobre inmigración") a naciones cuya política es diferente a la francesa, y a controlar el derecho de cada país a decidir su propia política demográfica. En efecto, ¿qué significa "masivo"? ¿Por qué nadie precisa las cifras? ¿Y es que las naciones europeas ya no tienen derecho a incrementar su población cuando lo necesiten mediante las regularizaciones?
Los contenidos de esta directiva europea y el de las propuestas francesas son muy inquietantes. La necesidad de legislar sobre los refugiados solicitantes de asilo y sobre la inmigración ilegal es evidente, pero ¿siempre hay que hacerlo desde una perspectiva únicamente represiva y arbitraria? En cualquier caso, la inmigración continuará. Y la destrucción progresiva del derecho de asilo no solucionará nada.
Desde el Tratado de Maastricht, Europa ha entrado en un ciclo globalmente negativo sobre el asilo. La reducción progresiva de este derecho conduce a restricciones importantes. Uno de los escándalos más inmorales de los últimos años es el caso de los refugiados iraquíes. Desde la invasión de Irak, más de 2,4 millones de personas han abandonado ese país. Entre 2003 y 2007, alrededor de 100.000 iraquíes pidieron asilo político en Europa, de los cuales 40.000 lo hicieron entre 2006 y 2007. ¿Es mucho? Pues bien, Siria, cuyo PIB es mucho más bajo que el de la UE, ha acogido a 1,4 millones de iraquíes.
De hecho, la situación real de Europa y el resto del mundo en materia de acogida o rechazo de los solicitantes de asilo está marcada por una profunda desigualdad: Europa recibe un número de solicitudes de asilo relativamente bajo comparado con los millones de personas que emigran en el interior de África, Asia y las regiones fronterizas con Europa. No hay una "explosión" del número de refugiados propiamente dicha; hay sobre todo un endurecimiento continuo de las reglas de entrada que incrementa objetivamente el número de rechazos y, en consecuencia, el número de "expatriables" en las fronteras. Pero esto no impide a la Unión seguir endureciendo aún más su legislación.
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Sami Naïr es catedrático de Ciencias Políticas. Profesor invitado de la Universidad Carlos III. Traducción: José Luis Sánchez-Silva
martes, junio 17, 2008
Clifford ya está en casa.
Ha superado el estallido de un volcán, la inundación de su ciudad, 30 días de soledad y un accidente aéreo.
Un verdadero superviviente que ahora está feliz con su familia. Final feliz.
No os perdáis el vídeo del reencuentro.
http://www.youtube.com/watch?v=7u6LVoD7FZA
Un verdadero superviviente que ahora está feliz con su familia. Final feliz.
No os perdáis el vídeo del reencuentro.
http://www.youtube.com/watch?v=7u6LVoD7FZA
sábado, junio 14, 2008
Clifford, superviviente de Chaitén
y ahora, gran ayuda para los supervivientes del accidente aéreo de Los Andes. Precioso, afortunado y generoso animal a partes iguales.
viernes, junio 13, 2008
Sin manos, Juan José Millás
Al hilo del post anterior, un buenísimo artículo de Juanjo Millás.
Sin manos
JUAN JOSÉ MILLÁS 13/06/2008
Una cosa es la crisis y otra la fricción con la atmósfera al entrar en la realidad.
Los pisos no valían lo que costaban, el Euríbor era una trampa, el petróleo tenía los días contados, los créditos al consumo llevaban veneno dentro, el coche con tracción a las cuatro ruedas decepcionaba al quinto día, aunque había que seguir pagándolo seis años. Resulta que esto no era jauja.
La entrada en la realidad puede ser brutal si carecemos de los revestimientos cerámicos adecuados. En mi colegio, el profesor de gimnasia hizo creer a un compañero gordo que podía trepar por una cuerda hasta el techo del gimnasio, donde había dibujado una luna. Se trataba de tocarla y volver. El chico, espoleado por las promesas falsas del profesor, llegó hasta la mitad y se dejó caer, frenando la caída con las manos. Llegó al suelo (a la realidad) sin manos.
En esas estamos, descendiendo por la cuerda después de haber estado a punto de tocar la luna. Algunos la tocaron, pero a qué precio. Lo malo es que al despertar del sueño, al entrar en la atmósfera, vamos a conocer la crisis de verdad. Acuda usted a Urgencias con las manos abrasadas por el descenso y le darán hora para dentro de veinte meses. Vaya usted al juzgado de guardia para denunciar la situación y su caso se verá dentro de quince o dieciséis años. Busque un buen colegio público donde enseñen a su hijo a distinguir entre el sueño y la realidad y le dirán que la enseñanza pública de calidad ha desaparecido. Mientras subíamos a la luna, las termitas horadaron lo público, lo desprestigiaron, lo vendieron, lo manipularon, se alimentaron de lo público, que era de todos. No va a ser fácil colocar la frontera entre lo que llamamos crisis y lo que son, simplemente, los efectos del regreso a la realidad, pero deberíamos intentarlo, para recuperar el juicio. Y los espacios públicos.
Sin manos
JUAN JOSÉ MILLÁS 13/06/2008
Una cosa es la crisis y otra la fricción con la atmósfera al entrar en la realidad.
Los pisos no valían lo que costaban, el Euríbor era una trampa, el petróleo tenía los días contados, los créditos al consumo llevaban veneno dentro, el coche con tracción a las cuatro ruedas decepcionaba al quinto día, aunque había que seguir pagándolo seis años. Resulta que esto no era jauja.
La entrada en la realidad puede ser brutal si carecemos de los revestimientos cerámicos adecuados. En mi colegio, el profesor de gimnasia hizo creer a un compañero gordo que podía trepar por una cuerda hasta el techo del gimnasio, donde había dibujado una luna. Se trataba de tocarla y volver. El chico, espoleado por las promesas falsas del profesor, llegó hasta la mitad y se dejó caer, frenando la caída con las manos. Llegó al suelo (a la realidad) sin manos.
En esas estamos, descendiendo por la cuerda después de haber estado a punto de tocar la luna. Algunos la tocaron, pero a qué precio. Lo malo es que al despertar del sueño, al entrar en la atmósfera, vamos a conocer la crisis de verdad. Acuda usted a Urgencias con las manos abrasadas por el descenso y le darán hora para dentro de veinte meses. Vaya usted al juzgado de guardia para denunciar la situación y su caso se verá dentro de quince o dieciséis años. Busque un buen colegio público donde enseñen a su hijo a distinguir entre el sueño y la realidad y le dirán que la enseñanza pública de calidad ha desaparecido. Mientras subíamos a la luna, las termitas horadaron lo público, lo desprestigiaron, lo vendieron, lo manipularon, se alimentaron de lo público, que era de todos. No va a ser fácil colocar la frontera entre lo que llamamos crisis y lo que son, simplemente, los efectos del regreso a la realidad, pero deberíamos intentarlo, para recuperar el juicio. Y los espacios públicos.
miércoles, junio 04, 2008
Podía, claro que podía!
Ahora queda otra parte muy difícil, ganar a los republicanos. Continúa la carrera hasta noviembre. Pero también puede.
Suerte, Obama!
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